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En España no está prohibido protestar, pero te sancionan con 300 a 1.200 euros por “la gracia”. ¿Qué pasaría en Venezuela con esta medida?

22 julio, 2012

El Gobierno del Partido Popular, que no deja de tomar medidas, ha impuesto el copago al derecho de reunión y manifestación. No lo dice el BOE. No lo busquen en el Memorándum de Entendimiento con Bruselas, ese documento esquivo con nombre de tabernero de los Simpson. Pero está escrito (y en papel oficial) que el derecho a reunirse y a protestar ya no está al alcance de todos los bolsillos. Lo dicen 314 sanciones administrativas impuestas en Madrid a otras tantas personas entre los días 12 y 15 de mayo de este año, con una recaudación total prevista de 105.000 euros. Menudo chollo conseguir en cuatro días el equivalente al sueldo anual de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, si ese dinero fuese a parar al Ayuntamiento.

El invento, aunque se ha exprimido hasta el dolor bajo mandato del Partido Popular y sobre todo este año durante los días de celebración del primer aniversario del 15M, no es nuevo. Este país de nimileuristas, con 1,7 millones de hogares que no reciben ningún ingreso al mes, este país que va a susto por viernes y al que lo único que le crece es el IVA, el paro, la prima y la indignación, lleva recibiendo avisos de la limitación por el bolsillo del derecho a reunirse y protestar desde mayo de 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista. El ritmo, es cierto, era mucho menor, ahora ya van a 50 sanciones de media por actuación. Antes rara vez pasaban de 20, pero les mostraron el camino. Todo ha ido en aumento. Puestos a comparar, también eran tiempos en que los antidisturbios pegaban pero menos, básicamente cuando andaba por aquí el Papa, que con esta gente de Iglesia siempre se reparte de lo mismo. Ahora, sin Papa, las fuerzas del orden pasean por el centro a tiro limpio.

726 personas sancionadas en un año, 314 en cuatro días

Por hacer balance, si se suman las sanciones expedidas por protestar o reunirse en la capital desde mayo de 2011, cuando estalló en Sol el movimiento indignado, la cifra se eleva a 726 personas sancionadas y la recaudación prevista con dichas sanciones a 217.200 euros. Serían dos años de sueldo de Botella, mira qué bien, por sanciones en su mayoría de 300 euros, pero entre las que hay alguna de 1.200 euros, porque al que lleva el megáfono se le considera convocante y eso tiene un plus de castigo. Las sanciones se agarran a “convocatoria de concentración no comunicada”, como las que se impusieron entre el 2 y el 20 de mayo de 2011; “alteración del orden público”, por la concentración ante el Congreso el 3 de junio; “alteración del orden público y desobediencia”, en las manifestaciones durante la celebración del JMJ el 19 de agosto y por el de Tomalabolsa, el 17 de septiembre.

¿Qué ha cambiado? Llega al poder el Partido Popular. El 1 de febrero de 2012 se abre sanción contra 89 personas por desobediencia y resistencia durante la acción Yonopago en el Metro de Madrid, una acción muy diferente sin duda a una asamblea o una manifestación, sea o no comunicada a la autoridad, pero que marca un ritmo sancionador que ya no bajará. El 25 de marzo se abre expediente para sancionar a 75 personas a las que se acusa de desobediencia durante la celebración de la semana de lucha por la vivienda.

El aniversario del 15M se va acercando y el bolígrafo de las sanciones se empieza a animar. En las asambleas de los barrios se empiezan a abrir expedientes por incumplimiento de ordenanzas municipales: uso de megafonía, pancartas … El 27 de abril, durante el transcurso de una manifestación en apoyo de los detenidos en la jornada TomaelMetro, se prescribe sanción administrativa a 73 personas.CUARTO PODER